En el último año empresas particulares, torneos y hasta automóviles se han apuntado a la compensación voluntaria de emisiones, un negocio que mueve unos $1,450 millones al año, parte de ellos sin control, y que supone una especie de bula ecológica. No importa cuánto contamine uno, siempre que luego pague por ello.
Si compra un Volkswagen Polo Blue Motion, la empresa afirma que plantará 17 árboles y que estos absorberán tanto CO2 como el que emitirá el coche durante los primeros 50,000 kilómetros; la empresa Forlasa sostiene en su publicidad que compensa las emisiones de dióxido de carbono que genera su queso manchego; Liberty Seguros ofrece una póliza que por $29 más al año compensa las emisiones de CO2 de un coche. La cumbre de Bali generó tanto CO2 como un país del tercer mundo, pero no pasa nada: Indonesia plantó a cambio miles de árboles.
El gobierno español ultima un registro en el Observatorio de la Sostenibilidad del ministerio y la Universidad de Alcalá de Henares para que de forma medible, creíble y controlada se sepa cuántas emisiones reduce cada empresa de forma voluntaria. Para que exista un sello, al igual que para los alimentos ecológicos, que certifique que efectivamente se está reduciendo el CO2, principal responsable del cambio climático. Este dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, retiene el calor que emite la Tierra y la calienta.
Alejandro López, director para España de Ecosecurities, una multinacional dedicada a compensar las emisiones, explica el negocio: “le decimos a las empresas y a los eventos cuánto CO2 emiten, buscamos proyectos de energía limpia —como una central hidráulica en América Latina— los financiamos y ofrecemos las emisiones de CO2 que eso ahorra”. Ecosecurities tiene 140 millones de toneladas de CO2 en cartera, un tercio de lo que emite España al año. El Salvador, hasta 1994 —cuando se realizó el último censo— emitía 8 millones 644,940 toneladas al año.
Creada en 1997, la empresa cotiza en bolsa y compensa las emisiones de Nike o de los condados de Klamath y Lake Counties, en Oregón. La firma, una de las mayores del negocio, nació al abrigo del Protocolo de Kioto. En 1997, el protocolo obligó a 36 países desarrollados a reducir sus emisiones un 5.2%. A los que no lograran sus objetivos, les permitió comprar de derechos de emisión e ideó los mecanismos de desarrollo limpio: inversión en tecnología limpia en países en desarrollo, como El Salvador, para descontarse esas emisiones evitadas en el país rico.
De los 867 proyectos registrados en el mundo para obtener beneficios económicos por la reducción de gases de efecto invernadero, El Salvador tiene cuatro. LaGeo, MIDES y los ingenios El Ángel y el Izalco están autorizados para vender certificados de reducción de gases de efecto invernadero por estar generando energía limpia. El sistema, a escala mundial, movió 22,500 millones en 2006, y Naciones Unidas calcula que en 2012 habrá evitado la emisión de 2,600 millones de toneladas de CO2.
Conforme el cambio climático calaba en la conciencia y las empresas pugnaban por ponerse el sello verde, surgió el mercado voluntario de emisiones. Se trata de empresas, ONG, fundaciones que ofrecen la compensación de emisiones sin que estén obligadas. La empresa Liberty Seguros, en España, dice que compensará las 4,853 toneladas de CO2 que emite al año por consumo de electricidad, papel y transporte. Liberty afirma que a través de la Fundación Ecología y Desarrollo plantará en tres años 240,000 árboles en Costa Rica que capturarán 37,600 toneladas de CO2.
Esa fundación es una de las más activas en España. Su volumen de negocio da idea de cómo ha evolucionado el mercado. En 2005 compensó 645 toneladas de CO2 y en 2007 multiplicará por 11 esa cifra, hasta las 7,515 toneladas. Esta fundación fue la elegida por Medio Ambiente para compensar las emisiones de las más de 40 personas que representaron a España en la cumbre del clima de Bali. Lo hará construyendo una central minihidráulica en Sumatra (Indonesia). López Cortijo afirma que en 2006 los mercados voluntarios movieron $435 millones, cuatro veces más que el año anterior y cuatro veces menos que en 2007, por lo que ya supera los 1,450 millones.
Un sector que multiplica por cuatro su negocio al año parece una burbuja. Al calor del dinero han surgido empresas que sin control venden el sello verde. La estadounidense Planktos pretende fertilizar con 100 toneladas de hierro una zona muerta del Atlántico. Ese es el hierro que le falta al océano y, en teoría, al fertilizarlo permitirá el crecimiento masivo de plancton. Ese plancton, al igual que los árboles, absorbe CO2 al crecer, y la empresa quiere vender los derechos de emisión. “Muchos sistemas no están certificados. Tu tonelada de CO2 vale si alguien confía en ti, pero nada si no eres serio. Y están proliferando firmas que ofrecen cupo de CO2 sin control”, añade López.
El precio de la compensación oscila entre los 4 y los 20 euros por tonelada. Si alguien se las ofrece más baratas, desconfíe. Un viaje de dos personas de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York supone la emisión de 7.38 toneladas de CO2, más que lo que emite un chino medio al año. En la web Ceroco2 puede calcular sus emisiones, no solo de los desplazamientos sino de su vida diaria. Cada vez que enciende la luz, la térmica en la que se genera la electricidad emite dióxido de carbono. Un español medio emite casi 10 toneladas de CO2 al año, por lo que compensarlas costaría más de $58 por persona al año.
Pero si se quiere compensar las emisiones con todas las garantías el precio se dispara, ya que la tonelada Gold Standar (el certificado más exigente) ronda los $25. Otro problema es que muchas de estas compensaciones se hacen mediante reforestación, que tiene dos caras: que absorbe CO2, pero solo hasta que arda el bosque. En ese momento, emite de golpe todo el dióxido de carbono consumido. Y dos: que se paga ahora por lo que absorberá en las próximas décadas, pero no por lo que contamina ahora mismo. El efecto sobre el medio ambiente es, como mínimo, retrasado.
El sistema es éticamente discutible porque aunque compensar emisiones está bien, es mejor ahorrar. Si en vez de 15,000 personas, en Bali hubiera ido la mitad, el resultado habría sido el mismo pero el derroche, menor. En el país asiático todo el mundo anunció que compensaría sus emisiones (incluso países enteros, como Costa Rica o Noruega , que anularían sus emisiones). Solo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se salió del guión: “Muchos han venido aquí nadando o en velero, pero yo he venido en avión. Y lo he hecho porque creo que mi presencia servirá de algo, que ayudará a reducir más emisiones que las pocas que originará mi viaje”.
El negocio del CO2 voluntario se suma al que ya afecta obligatoriamente a las eléctricas. Estas recibieron gratis del Gobierno entre 2005 y 2007 derechos para emitir 85.4 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. Esos derechos acabaron formando parte del precio de la electricidad y el Gobierno ha decidido restarlos de las cuentas del sector. Las eléctricas van a tener que devolver 1,740 millones por 2006 y 2007. La cuenta puede engordar aún más en 2008, ya que, según los cálculos de Industria, el sector eléctrico tendrá que descontar el próximo año otros 2,102.5 millones.
La sensación en el sector energético es que esto va en serio. Tras el ensayo pre-Kioto, desarrollado entre 2005 y 2007, llega la hora de la verdad. El valor de la tonelada de CO2 va a ser otro. En los últimos años, el mercado de compraventa de derechos se ha hundido. La tonelada de CO2 para las empresas está por los suelos. Vale céntimos de dólar porque los derechos asignados en toda la UE hasta 2007 fueron excesivos. Con el exceso de oferta, los precios se fueron derrumbando desde los $43 de principios de 2006. Pero las perspectivas, acabado el período de ensayo, son otras. Los derechos de emisión se han ajustado y el precio del CO2, según la mayor parte de los analistas, va a subir.
Para el sector eléctrico español, frente a las asignaciones del período 2005-2007 (85.4 millones de toneladas) se han autorizado 54 millones de toneladas anuales en el período 2008-2012. El recorte se impulsa desde Bruselas y, sobre esa base, las previsiones apuntan a que costará entre 16 y 38 euros durante los próximos cuatro años. Los expertos parecen estar de acuerdo en la importancia que tiene ya un nuevo coste, el de contaminar, que ha surgido como consecuencia de las nuevas necesidades del mundo desarrollado. Ya no es posible un desarrollo a toda costa, sino que la sociedad exige una apuesta clara por la sostenibilidad. Este es el contexto.
Fuente: La Prensa Gráfica (El Salvador)